España se encamina a su primera huelga general en catorce años. Los sindicatos han convocado la primera huelga general estatal respaldada conjuntamente por CCOO y UGT desde noviembre de 2012. El motivo no admite discusión: el acceso a un hogar digno se ha convertido en una carrera de obstáculos para media España.
Lo que se discute menos es quién más sufre la presión inmobiliaria sin haberla provocado: la pequeña empresa.
Un enemigo común
El comunicado de CCOO y UGT habla de una “insaciable avaricia inmobiliaria” que especula con un derecho básico. Pocos sectores lo suscribirían con más convicción que el pequeño comercio, el taller o el restaurante familiar. Para ellos la especulación tiene un efecto doble:
- Como empleadores, ven cómo el coste de la vivienda erosiona los salarios que pagan. Cada euro que el alquiler se lleva de la nómina es presión para subir sueldos, dificultad para fichar y retener talento, y rotación de plantilla.
- Como inquilinos, muchos de ellos alquilan el local donde trabajan. Esa renta, que se actualiza al ritmo del mercado, compite con las inversiones, las contrataciones y el margen que sostiene el negocio.
Y a menudo viven también de alquiler. El dueño de la ferretería o de la peluquería no es, en la mayoría de los casos, un rentista. Es un trabajador autónomo con hipoteca o con casero y que asume riesgos en su negocio.
El mayor empleador del barrio
La PYME es, con diferencia, el principal empleador del país. Cada puesto que crea es una persona que necesita pagar un alquiler o una hipoteca. Si el pequeño negocio cierra, la pérdida no es solo empresarial: son hogares que dejan de poder afrontar la cuota de la vivienda, que es justo el problema que la huelga pretende resolver.
La factura de la pintada
Aquí aparece la paradoja. Las pintadas que anuncian el 11-N, como sabotaje en el polígono no golpean a los grandes fondos que especulan con el suelo. Golpean al dueño del negocio de la esquina, que tiene que limpiarlas de su bolsillo, a menudo antes de abrir y a veces con requerimientos del propietario del local o del ayuntamiento.
Esa limpieza resta tiempo y dinero a un negocio que ya opera con márgenes estrechos. Es un coste sin contrapartida, que recae sobre quien menos capacidad tiene para absorberlo. Y no es menor: quien secunde la huelga no cobra el día de paro, de modo que la jornada ya supone una pérdida de ingresos para trabajadores y, en muchos casos, de ventas para el comercio.
Conclusión
La pequeña empresa no es adversaria de quienes reclaman una vivienda asequible. Es víctima de la misma especulación y, además, sostiene a miles de familias que necesitan pagar su techo. Conservemos el sentido común: defender el derecho a la vivienda y respetar la propiedad del pequeño empresario no son posiciones incompatibles. Una protesta que quiera sumar apoyos entre quienes comparten su causa debería empezar por no cargarles la factura.
